Hoy se trata en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que habilitaría el voto de los uruguayos que residen en el exterior. El informe en mayoría será dado por el Dip. Edgardo Ortuño, Presidente de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, en la que se puso a estudio el proyecto.

Las investigaciones como “Estimación de la emigración internacional uruguaya entre 1963 y 2004” de Wanda Cabella y Adela Pellegrino, señalan que en ese período emigraron aproximadamente unos 600.000 uruguayos. Quienes son fundamentalmente jóvenes de entre 20 y 29 años, de nivel educativo medio y alto.

En la exposición de motivos se expresa la necesidad de tratar el tema como “…una responsabilidad de Estado...” ya que quienes se fueron lo hicieron por necesidad, por que las circunstancias los obligaron. El proyecto establece el ejercicio pleno de la ciudadanía “…que reconozca las diversas realidades de nuestra sociedad entre las cuales está la emigración…”

El proyecto promueve que aquellos uruguayos, naturales o legales, que residan fuera del territorio nacional podrán emitir su voto en elecciones nacionales, departamentales, referendos y plebiscitos.

Uno de los argumentos de la oposición es que cualquier proyecto que habilite el voto de los uruguayos en el exterior es inconstitucional. Varios constitucionalistas como el Dr. Alberto Pérez Pérez (Director del Instituto de Derecho Constitucional de la UDELAR), el Dr. Gros Espiell y Dr. Martín Risso Ferrand (Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica) han brindado una opinión contraria en referencia a este tema. La Constitución establece que todo ciudadano “es miembro de de la soberanía de la Nación”, por tanto el derecho al voto de los ciudadanos residentes en el exterior es inequívocamente constitucional

Alrededor del mundo más de setenta países permiten el voto de sus ciudadanos residentes en el exterior, demostrando el atraso uruguayo en materia de derechos políticos de los emigrantes.

Los firmantes del proyecto, Edgardo Ortuño, Gustavo Bernini, Diego Cánepa, Jorge Orrico y Javier Salsamendi, afirman que la cuestión central es si existe voluntad política o no para habilitar el voto de los compatriotas que viven en el exterior.